República Dominicana limita los viajes del gobierno al exterior y las compras de lujo | Funciones online

Para sabotear el impacto económico de la pandemia de COVID-19, la República Dominicana ha instituido recortes en los gastos gubernamentales relacionados con viajes al extranjero, compras de automóviles de lujo, rediseños de alto costo, entretenimiento y festividades.

La disposición, promulgada mediante el Decreto 396-21, cubre donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para realizar actividades e incluso el uso de personal policial o militar asignado a servidores públicos, con muy pocas excepciones.

Asimismo, se prohíbe la compra de automóviles, salvo aquellas instalaciones que sean necesarias para el adecuado desempeño de las funciones para las que hayan sido asignadas y debidamente autorizadas.

Además, las exenciones de vehículos solo se permitirán según lo dispuesto por las leyes aplicables, y se denegará cualquier solicitud relacionada que no se base en ninguna ley.

La decisión del presidente Luis Abenader, difundida este domingo a través de un comunicado oficial, estipula que no se utilizarán vehículos oficiales durante los fines de semana y festivos, práctica que se viene aplicando desde el gobierno del presidente Joaquín Balaguer.

La medida busca «racionalizar el uso de los recursos humanos destinados a instituciones y funcionarios», para lo cual ha ordenado a los Ministros de Defensa e Interior y Policía «realizar una revisión integral del personal de la Policía y Militar a disposición de instituciones públicas y públicas, servidores y demás dignatarios para reducirlos a la cantidad absolutamente necesaria y hacer eficiente su distribución «.

Asimismo, se prohíbe el uso de suites robóticas cuando viajen funcionarios públicos, con obvias excepciones como el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros de Defensa, Gobernación y Policía, el Director General de la Policía Nacional, la Fiscalía de la República, los Comandantes Generales del Cuerpo Militar, el Jefe de la DNCD y el Jefe del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

El documento señala que “la responsabilidad de monitorear y velar por el cumplimiento de este decreto republicano recae en el Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Función Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República. República.»

Para leer el Decreto 396-21 (en español), haga clic aquí.

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